Las noticias sobre la corrupción política en España conducen a sociedades instrumentales domiciliadas no solo en Suiza sino en el Caribe, a las islas de San Cristóbal y las Nieves (Saint Kitts & Nevis) (caso Gúrtel) y al micropaís de Belice (Caso Urdagarín)…
Juan Hernández Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España
¿En qué cuantía los bancos y fortunas españolas escondidos tras hedge funds o entidades de la City o de Suiza, participan en la especulación sobre la deuda pública española? La famosa estafa del broker de Wall Street, que gestionaba fondos de alto riesgo, reveló que estos instrumentos especulativos son el camino que siguen las “inversiones” de las Sicavs y la llamada banca privada o de gestión de grandes patrimonios particulares. La isla Mauricio es el mayor inversor en la India; y uno de los mayores inversores en China son las Islas Vírgenes Británicas, sede de filiales de importantes grupos españoles. El propio capital hindú, chino o español, utiliza estas islas para aprovecharse de sus ventajas fiscales y de la posibilidad de ocultar quien es el dueño. Son algunos de los datos recogidos por The Economist bajo el título (traducido) de “La rabia pública y la inquietud de los accionistas amenaza la tranquilidad de los paraísos fiscales” (5-10-2011) Y cualquier delito económico millonario, sea fiscal, de corrupción o estafa, tiene su apoyo en cualquiera de los 73 países y territorios autónomos, que en Tax Justice Network hemos identificado por una serie de características que les definen como “secrecy jurisdictions”, jurisdicciones del secretismo; cuya web es una fuente informativa solvente para medios de comunicación internacionales como el referido.
Alcance tridimensional
El creciente entorno crítico global ha motivado que la cumbre del G-20 en Cannes haya activado el tema de los llamados paraísos fiscales, aunque sin acuerdo alguno para su eliminación. Eso sí: ha “descubierto” que Suiza y Luxemburgo tienen legislaciones fiscales deficientes (es decir, siguen siendo los paraísos fiscales que son para la opinión pública) y se incluyen entre las 11 jurisdicciones identificadas con serias “deficiencias”, casi todas de escasa relevancia financiera como Antigua y Barbuda, Barbados, Botswana, Brunei, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vanuatu, de las 59 jurisdicciones examinadas por el Foro Global de Tributación, un organismo ligado a la OCDE. Dentro de la retórica al uso, el “comunicado de los líderes” en Cannes “apremia a todas las jurisdicciones para que se adhieran a los estándares internacionales en las áreas de fiscalidad, prudenciales (solvencia bancaria) y el antiblanqueo de capitales y combate del terrorismo” (item nº 17). Desde luego, quienes no están familiarizados con este lenguaje tecnocrático internacional podrían tomarse en serio tal compromiso de los importantes gobiernos del G-20; sobre todo, porque en la Declaración final de esta cumbre se ha recuperado la expresión “paraísos fiscales” (tax havens) que prácticamente había desparecido del lenguaje oficial desde la cumbre de Londres en 2009, cuando nuestros gobernantes lograron grandes titulares de prensa afirmando que habían desaparecido los paraísos fiscales y que se había acabado el secreto bancario. Pero, en cualquier caso, digamos que la coyuntura actual es propicia para una estrategia de país defensiva y ofensiva contra los paraísos fiscales, exigiendo el cumplimiento serio de los acuerdos internacionales suscritos al respecto; y en el campo tributario interno para aplicar las medidas que vienen propugnando los inspectores y técnicos de Hacienda.
La amenaza de la banca en la sombra.
Dado que persiste la crisis financiera global, el G-20 ha abordado más en serio la dimensión financiera de los paraísos fiscales, tras el tema de la banca en la sombra. Una expresión generalizada del “shadow banking system” que comprende las actividades bancarias opacas con derivados, los mercados de repo (modalidad de préstamos con activos en garantías) y la titulización con valores respaldados por activos; que crecieron mucho en vísperas de la crisis y que se han reactivado pasado el susto de la caída de Lehman Brothers en 2008. El hecho es que está demostrado que los paraísos fiscales han sido una de las causas de la crisis financiera y del desorden y descontrol actual y que plantean graves riesgos para el sistema financiero mundial, además de reducir sustancialmente los ingresos de los Estados. En mayo de 2010, el gabinete de asesoramiento estratégico del gobierno francés, en un informe sobre Centres financiers offshore et système bancaire “fantôme” (traducción francesa de la expresión referida de “sistema bancario en la sombra”), planteaba medidas para controlar la actividad bancaria fuera de la supervisión de los bancos centrales, que se realiza desde filiales y sociedades instrumentales domiciliadas en paraísos fiscales o centros financieros offshore, para no residentes (que es el término técnico del argot financiero)
Y sin romper el consenso subyacente entre los gobiernos miembros para no interferir mínimamente la libertad de los mercados financieros, el G-20 se refiere al informe publicado por el Consejo de Estabilidad sobre la banca en la sombra, que define como “la intermediación del crédito implicando entidades y actividades excluidas de la regulación del sistema bancario”. Dicho de otro modo, señala la práctica bancaria de utilizar operaciones y entidades instrumentales, denominadas con un triplete de letras en el mundo angloparlante, registradas casi siempre en un paraíso fiscal o jurisdicción del secretismo, pero con capacidad para recaudar fondos mediante emisiones de bonos con los que financiar actividades del banco matriz u operaciones opacas sin control de los bancos centrales. Como es habitual, el G-20 se ha limitado ha dejar constancia de su existencia y de sus peligros. Pero destaca que la crisis financiera ha demostrado el riesgo sistémico o de contagio que genera la actividad reavivada de la banca en la sombra que los bancos centrales toleran. A propósito: ¿el Banco de España o alguna otra autoridad financiera se han preocupado de averiguar el papel desempeñado en la burbuja inmobiliaria y en su pinchazo por las filiales en centros offshore de los bancos y las grandes Cajas de Ahorro españolas? He ahí un campo virgen de acción gubernamental efectiva contra los llamados paraísos fiscales.
La ilegalización de sociedades offshore y desglose contable.
Los casos citados de las islas de Mauricio y las Islas Vírgenes Británicas como muchos otros, son ejemplos de cómo se instrumenta el impago de impuestos contra el que urge actuar; y al mismo tiempo, favorecer a la pequeña y mediana empresa que carece de capacidad para disponer de esos instrumentos que reducen costes “legalmente” como hacen los grandes grupos empresariales en competencia desleal. Objetivos políticos posibles son la ilegalización de la actividad en España de esas sociedades ficticias y combatir la falta de transparencia de las memorias e informes anuales de los grupos empresariales que ocultan en cifras globales sus actividades internacionales.
Cualquier lector de periódicos sabe que las entidades mercantiles domiciliadas en “jurisdicciones del secretismo” son el instrumento para esconder el dinero de la corrupción y de los negocios sucios, del impago de impuestos y de la delincuencia económica internacional multimillonaria. Cuando se nos cuentan las grandes adquisiciones de nuestros bancos o corporaciones, se omite reseñar desde que filial se ha efectuado el pago de la compra de tal empresa o de tal banco extranjero adquirido por la firma española o se anticiparon los avales o se pagó la comisión a la firma mediadora. Sobre esos y otros fundamentos razonados ampliamente, en abril de 2005 presentamos sin éxito en nombre de Attac-España al gobierno del momento, una documentación avalada por cuatro mil firmas de ciudadanos, algunas de personalidades de relevancia académica y pública, solicitando que se estudiara el no reconocimiento de capacidad jurídica para actuar en territorio español a todas aquellas sociedades mercantiles radicadas en paraísos fiscales, donde no tienen actividad económica local y que incumplen los requisitos exigidos por la legislación española.
Asimismo, es conocido que los grupos empresariales globales centralizan sus costes e ingresos en aquellas filiales registradas en países y territorios considerados paraísos fiscales o donde les resulta más beneficioso desde el punto de vista legal y económico, como los casos de Google o Inditex (Zara). Las normas internacionales del IASB solo exigen a las corporaciones multinacionales o grupos empresariales la consolidación en una cifra conjunta de los datos de sus cuentas, permitiendo el fraude y la evasión fiscal, entre otros efectos negativos. De ahí que expertos críticos y ONGs intenten que se exija en las legislaciones nacionales que los informes corporativos anuales recojan la información relevante desglosada país por país, de ingresos, beneficios, detalle de impuestos pagados, inversiones realizadas, activo y pasivo y obligaciones medioambientales, etc. He ahí otra línea de acción gubernamental efectiva contra los paraísos fiscales.
Artículo publicado en la revista mensual Temas nº 206 Enero de 2012
La cortina de humo de los gobiernos del G-20 +
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